Nuevos impuestos complican reactivación
En la primer mitad de 1999 Argentina atravesaba una recesión. La falta de ideas para salir de las crisis ha sido un común denominador a todas las épocas. Lejos de aplicar las ideas ingeniosas con que muchos países del mundo afrontaron la crisis de los 90, Argentina comenzó a transitar el proceso inverso de aumentar las tasas, crear impuestos distorsivos como el impuesto sobre la Ganancia Mínima Presunta, que no al no admitir la deducción de los pasivos castiga fuertemente al capital productivo y genera un efecto de retracción de la economía. Desde siempre hemos sostenido que debe recurrirse a impuestos que graven el flujo y no el "stock" de ganancias, favoreciendo de este modo su acumulación y estimulando la inversión. En aquel momento alertábamos sobre lo que considerábamos una presión fiscal elevada para un país como Argentina: 24% del PBI y teniendo en cuenta los niveles de evasión que el país presente, lo cual lleva la presión efectiva (para quien paga los impuestos) a niveles muy superiores. Hoy la presión tributaria está en el 38%, lo cual muestra que el retroceso no se detuvo y hoy tenemos un peor sistema tributario. La reforma se completó mediante la desatinada idea de gravar con IVA la salud. Si hay un sector en donde el Estado tiene su mayor déficit en términos de devolución de bienes públicos es la salud. Considerar la salud como un consumo es todo un despropósito.
La nueva reforma fiscal sancionada a fines del año último es un nuevo paso atrás de los varios dados por el gobierno en el período postequila.
Durante el período 1989/’94 el gobierno había logrado importantes avances en lo que hace a la depuración del sistema impositivo, eliminando impuestos distorsivos, así como en lo que respecta a la derogación de normas que dificultaban el ingreso de capitales y la radicación de inversiones en el país.
Estas y otras medidas (como la eliminación el impuesto inflacionario, el proceso de apertura y desregulación económica llevado a cabo) sentaron los pilares que dieron lugar al bom de inversiones y expansión registrado en el período mencionado.
La reforma restablece un impuesto como activos (ahora llamado Impuesto sobre la Renta Mínima Presunta) que no admiten deducción de deudas.
Al mismo tiempo se gravan las deudas mediante el Impuesto sobre los intereses.
PERJUICIOS
Se afectan así las fuentes de financiamiento. Al eliminarse por veto del PE el tope a este impuesto se perjudica mayormente a PyMEs que pagan mayores tasas que las grandes compañías.
El gravamen sobre los activos tiene una distorsiva incidencia sobre el capital empresario dado que interfiere en la formación de capital, requisito previo para mayor inversión y empleo.
Afecta en mayor medida a empresas de capital intensivo, especialmente de los sectores agropecuario e industrial, altamente endeudadas y dañadas hoy por la caída en sus ventas debido a un contexto internacional desfavorable (baja en los precios de los commodities agropecuarios, crisis en Brasil, entre otros factores).
Debe recurrirse a impuestos que graven el flujo y no el “stock” de ganancias, favoreciendo de este modo su acumulación y estimulando la inversión.
Una vez más se va en contra de la tendencia mundial de desfiscalizar el capital como modo de estimular el empleo y la inversión.
Se repite en esta oportunidad el error de 1995 cuando, en medio de una crisis internacional, se aumentaron impuestos mediante lo que se dio en llamar “reforma rústica”, que introdujo no pocos problemas en el país.
EXPORTACIONES
Economía sigue reintegrando menores montos de IVA a exportadores para mejorar artificialmente su performance en materia fiscal. Estas demoras complican la actividad exportadora, ya que los empresarios deben financiarse a altos costos en el mercado mientras la DGI retiene sus fondos indebidamente.
El Estado se financia tomando fondos del sector privado (sector eficiente de la economía), deteriorando de este modo la productividad en detrimento de las exportaciones que el país necesita para generar divisas que contribuyan a equilibrar la balanza comercial, disminuyendo de este modo la dependencia del endeudamiento externo que aumenta la vulnerabilidad del modelol.
En la Argentina la presión tributaria nominal es de 24% del PBI. Si consideramos el efecto evasión, la presión efectiva supera el 40% del PBI. Este porcentaje se ubica por encima de los niveles internacionales: Japón y EE.UU. 30%/35%, mientras que en Bélgica, Holanda y países escandinavos (donde los servicios que devuelve el Estado son de una calidad muy superior) la presión no supera 40% del PBI.
La aplicación de IVA a la salud va en línea con la falta de criterio puesta de manifiesto anteriormente.
Este es uno de los rubros en donde la población sufre en mayor medida el déficit devolutivo del Estado, debiendo contratar en el sector privado este servicio esencial.
DETERIORO
Ahora es el propio Estado que, lejos de saldar su deuda en esta materia, impone un gravamen que deteriora aún más la situación de la población (especialmente la clase media). Deben restablecerse condiciones favorables para la inversión mediante la disminución del impuesto societario y eliminando los impuestos distorsivos recientemente creado. Sólo así habrá más empleo e inversión.